Procesamiento de generales en retiro por presunción de delitos agudizan crisis en Chile

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La filtración por parte de piratas informáticos de más de 400.000 mensajes secretos de correo electrónico del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y un nuevo caso de presunta corrupción han desatado una nueva crisis en Chile y causado dimisiones y procesamientos en el Ejército, una institución con el prestigio aún deteriorado.

Según se informó este viernes, la Justicia chilena ordenó el procesamiento de cinco generales en el retiro por su presunta responsabilidad en presuntos delitos reiterados de malversación de fondos públicos equivalentes a 455 millones de pesos (cerca de 500.000 dólares).

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, a cargo del caso «Fraude en el Ejército» y sus múltiples aristas, investiga ilícitos que se cometieron presuntamente entre diciembre de 2007 y marzo de 2018, procesando en ese marco a decenas de oficiales y exoficiales de la rama castrense chilena.

En particular, Rutherford sometió a proceso a Guillermo Hernán Porcile Arellano, Alberto Eduardo González Martin, John Eduard Griffith Spielman, Sergio Patricio Ahumada Labbé y José Manuel Llanca Zuazagotía.

La diligencia se sitúa como la última escena, a la fecha, de un largo desfile de militares activos y retirados por los tribunales chilenos, en hechos de corrupción donde los principales protagonistas han sido miembros del Alto Mando.

Compra de propiedades, autos de lujo, viajes, fiestas y turismo con recursos fiscales forman parte de una estantería fiscal con 1.392 volúmenes y 46 cuadernos llenos de múltiples aristas, y un supuesto desfalco del erario nacional que hasta ahora supera los 8,5 millones de euros.

No es la primera vez que se producen en democracia investigaciones por delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito en la cúpula del Ejército chileno, una práctica que según los historiadores estaba muy arraigada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)

Desde que retornara la democracia, todos los comandantes Jefe del Ejército chileno han sido vinculados a fraudes millonarios, con Humberto Oviedo, Juan Miguel Fuentalba y Óscar Izurieta procesados además por delitos de corrupción.

BRECHA DE SEGURIDAD

La nueva imputación judicial coincide en el tiempo con el escándalo desatado por la filtración masiva de correos electrónicos del EMCO realizada por el grupo de piratas informáticos Guacamaya, que ha dejado a la vista más de 400.000 mensajes y numerosos documentos calificados de «reservado», «secreto2 y «ultrasecreto».

La filtración obligó a la ministra de Defensa, Maya Fernández, a regresar a Chile con urgencia desde Nueva York, donde acompañaba al presidente de la República, Gabriel Boric, en la Asamblea general de la ONU y forzó el jueves la salida del jefe del EMCO, general Guillermo Paiva.

“Frente a los hechos conocidos en relación con la falla de seguridad de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, el Presidente de la República ha instruido a la ministra de Defensa Nacional retornar al país para liderar la respuesta frente a estos hechos”, comunicaron desde el Gobierno chileno.

Junto con entregar los antecedentes a la justicia militar para impulsar una investigación penal, el Ejecutivo instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

El Congreso, en tanto, ya ha tomado cartas y su comisión de Defensa Nacional citó a la secretaria de Estado junto al subsecretario y el jefe del EMCO, con el fin de dar cuenta de los alcances de la filtración.

De acuerdo con investigaciones locales, los archivos filtrados incluyen datos de ciberseguridad, comunicaciones y monitoreo de fronteras, además de información sensible sobre inteligencia y sistemas de monitoreo satelital.

El pasado 19 de septiembre, y durante el desfile protocolario de las Fuerzas Armadas con motivo de las fiestas patrias, grupos de asistentes -algunos familiares de miembros del Gobierno- abuchearon e insultaron al presidente Boric- en un acto sin precedentes en los tiempos modernos y que desató las críticas del Gobierno y una parte de la clase política.

EFE